Una alerta alimentaria es un mecanismo de información y comunicación entre operadores y consumidores. Descubre cómo se gestiona y cómo se activa una alerta alimentaria desde la industria.

Diariamente se publican alertas alimentarias dirigidas a los consumidores a  través de diferentes medios de comunicación como prensa, TV o redes sociales. Estas alertas emitidas como comunicados por AESAN, la Agencia española de Seguridad alimentaria y Nutrición, tienen la función de advertir a los consumidores de riesgos asociados al consumo de algún producto alimentario que se encuentra disponible en los puntos de venta.

Hoy nos adentraremos en cómo se activan estas alertas, quién da la voz de alarma y cómo se garantiza que llegue a todos los compradores que tienen en su poder este producto.

Qué es una alerta alimentaria

Una situación de alerta se produce cuando existen evidencias de un riesgo real para la salud del consumidor, inmediato o no inmediato, que involucra productos alimenticios que se han producido, fabricado y/o distribuido.

Si un operador de la cadena alimentaria considera, o tiene motivos para pensar, que alguno de los alimentos que ha puesto a disposición de los consumidores no cumple los requisitos de seguridad alimentaria, procederá inmediatamente a su retirada del mercado e informará de ello a las Autoridades, a través de las Direcciones Generales de Salud Pública de la Comunidad Autónoma correspondiente, y que, además, son miembros de la Comisión Institucional de AESAN.

A su vez, si un operador, dentro del control habitual de materias primas, detecta que ésta presenta un riesgo para la salud, o no es apta para el consumo, conforme a la legislación vigente tiene la obligación de comunicarlo a la Autoridad Competente, y al proveedor de la materia prima.

Estas alertas alimentarias pueden tener diferentes causas, y las más comunes son:

  • Etiquetado incorrecto, por falta u omisión de información obligatoria que se tiene que declarar en la etiqueta de un producto alimenticio. Falta de cumplimiento del Reglamento 1169/2011.
  • Presencia de microorganismos patógenos por encima del límite legal o en cantidades que supongan un riesgo para la salud (Salmonella, Listeria, E. Coli O:157, Campylobacter, Norovirus, priones, etc.), teniendo en cuenta el uso esperado del producto.
  • Toxinas (toxina botulínica, toxinas marinas, etc.).
  • Contaminación por productos químicos tóxicos, corrosivos, cáusticos, etc.
  • Presencia de cuerpos extraños con riesgo de lesión o asfixia.
  • Alérgenos, sustancias que producen intolerancias y gluten no declarados en la etiqueta.
  • Presencia de ingredientes o sustancias prohibidas por su toxicidad según la legislación vigente.

El operador económico, evaluará el riesgo del incidente alimentario para tomar las decisiones más adecuadas en materia de gestión del producto, o productos, afectado/s:

  • Limitándose a retirar el producto de la venta (o uso en restauración), en el caso que el incumplimiento no suponga un riesgo para la salud.
  • Procediendo a recuperar el producto de los consumidores, en el caso que el producto se haya vendido y presente un riesgo para la salud.

Comunicación de la Alerta Alimentaria entre operadores y consumidores

La comunicación entre los operadores y con los consumidores es de vital importancia en la seguridad alimentaria. Así, si un operador económico tiene que realizar una recuperación de un producto alimenticio, se debe comunicar a cada interlocutor la actuación que se requiere de él, supervisando todo el proceso.

En concreto, y de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento 178/2002, sobre los principios de la legislación alimentaria,si un explotador de empresa alimentaria considera o tiene motivos para pensar que alguno de los alimentos que ha puesto en el mercado o distribuido no cumple los requisitos de seguridad de los alimentos y este puede haber llegado a los consumidores, se informará de forma efectiva y precisa a los consumidores de las razones de esa retirada y, si es necesario, se recuperarán los productos que ya les hayan sido suministrados cuando otras medidas no sean suficientes para alcanzar un nivel elevado de protección de la salud.

Esta etapa requiere de una rapidez, eficiencia, minuciosidad y control de costes que son especialmente importantes. Un error en la fase de comunicación puede tener graves consecuencias, no solo para la salud de los consumidores, si no especialmente para la imagen de la marca / empresa. Es por ello, que en el caso de tener que exponerse mediáticamente, se recomienda contar con el apoyo de profesionales de la comunicación (internos o externos), siempre que sea posible.

En esta fase el operador debe diseñar una adecuada estrategia de comunicación, centrando los esfuerzos en las zonas geográficas afectadas, eligiendo los canales más efectivos para que la información llegue a los consumidores que puedan estar afectados y actuando de forma ágil para no dilatar los tiempos.

En los casos en que se haya decidido que la acción necesaria es una inmovilización, una retirada o una recuperación, es recomendable seguir los pasos siguientes:

Comunicación inmediata a:

  • Cualquier eslabón siguiente de la cadena antes de llegar al consumidor (en caso de retirada) y hasta el consumidor final (en caso de recuperación).
  • El personal de la empresa.
  • Otros actores implicados (colaboradores externos, entidades de certificación, etc.).

Elegir el medio de comunicación más adecuado para llegar a ellos: correo electrónico, teléfono, visita personalizada (dependiendo de la urgencia, de la atención que se requiere del interlocutor, de la capacidad del operador, etc.). Los operadores deben garantizar que la información ha sido recibida y leída por parte de los destinatarios dentro la cadena de suministro (no incluye a los consumidores).  Por ejemplo: acuses de recibo y lectura, registro de llamadas, etc.

Comunicar a cada uno de forma clara e inequívoca la actuación qué se requiere de él, elaborando mensajes adecuados para cada audiencia, claros y homogéneos. Utilizar en lo posible mensajes breves y concisos.

Cuando la evaluación del riesgo así lo exija, los operadores alimentarios que, por el motivo que sea, deban recuperar productos de los consumidores, deberán realizar una comunicación dirigida a tal efecto con la mayor celeridad posible y utilizando los canales más efectivos a tal efecto.

En la protección de la salud de consumidores es necesario actuar con criterios de proactividad y transparencia, facilitando la información necesaria a los consumidores que se hayan podido ver afectados.

Es importante garantizar que:

  • Se informa con mensajes claros que faciliten la comprensión por parte de todos los consumidores. Es importante ser claro en las acciones que esperamos por parte del consumidor (no consuma el producto, devuélvalo al punto de venta, etc.).
  • Se ayuda a los consumidores a localizar la información relevante en el packaging. Una buena praxis es incluir en la comunicación una foto del producto y una indicación sobre la ubicación del lote, la fecha de caducidad o cualquier otro dato que permita identificar el producto afectado.
  • Se informa sobre los canales de atención a afectados (teléfonos, emails, webs, redes sociales, etc.).

Comunicación general:

A través de los medios de comunicación, tradicionales y digitales:

  • Anuncios en medios de comunicación
  • Notas de prensa

A través de medios digitales propios:

  • Comunicado en Web
  • Redes Sociales

A través de las tiendas de venta:

  • Carteles informativos.

Comunicación dirigida:

  • Llamadas o emails a clientes de tarjeta de fidelización
  • Llamadas o emails a clientes ecommerce.

En líneas generales, esta es la actuación que debe realizar una industria alimentaria si detecta un problema de seguridad alimentaria en alguno de sus productos distribuidos y comercializados.

Para más información, existe una guía elaborada por AECOC, que detalla el procedimiento de actuación, Guía para la gestión de alertas alimentarias del Órgano Permanente de Seguridad Alimentaria (OPSA), y donde se especifica la información que debe facilitarse a la población para la recuperación de los productos no seguros ya comercializados.

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